Según una estadística elaborada por el Consejo General del Poder Judicial, el número de desahucios en España se elevó a 33.918 en 2009. Subieron a 47.809 en 2010. En 2011 la cifra ya alcanzó unos terribles 58.241. En 2012, el número de personas a las que se les quitó su hogar fue de 101.034.
El año pasado, 2012, unas 130 personas se suicidaron al no poder hacer frente al pago de la hipoteca y tener que enfrentarse a un desahucio.
No es, sino el resultado de la aplicación de una ley hipotecaria injusta y usurera que, durante más de 60 años, ha golpeado de múltiples formas a las economías de los trabajadores, bien a través de alto intereses por el préstamo del dinero, cláusulas abusivas, intereses de demora altísimos, cláusulas suelo, etc. Todo ello sumado a la burbuja inmobiliaria y su reflejo en los créditos bancarios, que, durante algunos años, se daban sin miramientos.
Pues bien. El resultado de todas esas barbaridades cometidas por los bancos y los grandes capitales es que l@s trabajador@s tenemos que pagar sus pérdidas. Y la manera de pagarlo es perder nuestros empleos, abaratar nuestros sueldos, privatizar sanidad, educación y demás prestaciones públicas elementales. Ello lleva a que no podamos pagar las cuotas de las hipotecas ni sus intereses abusivos. Y ellos, amparados en una ley hipotecaria hecha a su medida, nos quitan las casas y, encima, seguimos debiéndoles la hipoteca.
Hasta la justicia europea, poco sospechosa de estar regida por representantes de los más pobres del continente, le ha dicho al gobierno español que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. Dice la sentencia que la legislación española no permite a los jueces paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debe estudiarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.
Dice el fallo que esta protección a posteriori “resulta incompleta e insuficiente” ya que “no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda” sino que se limita “al pago de una indemnización por daños y perjuicios”. “Basta con que los profesionales inicien un procedimiento de ejecución hipotecaria para privar a los consumidores de la protección que pretende garantizar la directiva”, denuncia la sentencia.
El Tribunal de Justicia Europeo declara también que “la normativa española no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la directiva confiere a estos últimos”.
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y Stop Desahucios, en una campaña ejemplar de recogida de firmas, consiguieron el apoyo de un millón y medio de español@s para que se tramitara en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y se cambiara la ley hipotecaria, contemplándose en ella la dación en pago de la vivienda en caso de no poder hacer frente a una hipoteca.
Ya el PP intentó que ni siquiera se admitiera a trámite dicha ILP. Solo la presión popular acabó con dicha postura dictatorial y, finalmente, se encuentra en el Congreso para su estudio. Pero los dirigentes del PP, incluido el presidente Mariano Rajoy, ya han dicho que hacer caso de lo que pide la ILP “supondría hacer tambalearse al sistema hipotecario”, por lo que deja claro cuál va a ser su postura final.
Ante esta situación, la PAH y Stop Desahucios están haciendo una campaña de presión a l@s diputad@s que no están apoyando la ILP, a través de lo que se llama escrachear. El escrache es una acción informativa bajo el concepto básico de afectad@ a diputad@. Según el protocolo de actuaciones elaborado por la PAH, se ha de hacer de manera totalmente pacífica y sin importunar. De lo que se trata es de ganar simpatías, intentar hablar con ell@s y explicarles de primera mano en qué situación se encuentran cientos de miles de familias y ver si, sabiendo la realidad de la sociedad de primera mano, cambian de opinión y resuelven a través de las leyes los problemas de aquell@s a l@s que supuestamente tienen que defender.
A pesar de campañas de difamación, comenzadas por la señora Cifuentes en Madrid, continuada por otros dirigentes como Basagoiti en el Euskadi y trasladadas a los medios de comunicación dominados por el PP (según una estadística reciente, casi el 80% de los que hay en España), a pesar de eso decimos: la población española entiende que la única manera de conseguir que se oigan las necesidades de l@s trabajador@s es la presión, y apoya este tipo de medidas, totalmente pacíficas, pero inflexibles en cuanto a la determinación para conseguir su fin: NI UN DESAHUCIO MÁS.
Desde el Frente Cívico Somos Mayoría denunciamos y reprobamos la campaña de difamación miserable que el Partido Popular ha iniciado contra los miembros de la PAH, que no es otra cosa que un ataque al conjunto de la población española que sufre las políticas de recortes.
El Frente Cívico “Somos Mayoría” apoya sin ambages las distintas campañas de la PAH y Stop Desahucios, y que sus miembros vienen participando en todo el Estado en ellas. Las Asambleas Provinciales del Frente Cívico que se van desarrollando en estos días han apoyado unánimemente las campañas. Y, desde ya, nos ponemos a disposición tanto de la PAH como de Stop Desahucios para lo que consideren oportuno, aportando, además de nuestro potencial humano, todos nuestros medios técnicos, de difusión y de elaboración.
Como dijo en su día nuestro compañero Julio Anguita en un artículo ante el surgimiento del movimiento 15M, la PAH y Stop Desahucios “son de los nuestros”, a lo que añadiríamos desde el Frente Cívico “Somos Mayoría”, que “y nosotros somos de los suyos”.
Parafraseando un lema de estas plataformas:
SI NOS TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS.
