Un total de 26 personas encerradas en el Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) de Zapadores (Valencia) afirman haber sufrido
violencia por parte de algunos policias en 2012, según recoge el informe
¿Cuál es el delito? elaborado por la plataforma CIE NO,
que integra a una treintena de organizaciones sociales valencianas que
han acompañado a los internos de Zapadores durante tres años. Entre
ellas se encuentran Médicos del Mundo, Psicólogos sin Fronteras, SOS
Racisme y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), entre otras
organizaciones y asociaciones locales.
Insultos, vejaciones, castigos colectivos e incluso malos tratos físicos
son algunas de las formas de violencia denunciadas. Ocho de los casos
narrados en el informe han llegado al Juzgado de Valencia, asegurando
que fueron víctimas de pálizas en
2012. La abogada de la campaña, Ester Izquierdo, asegura que casi la
totalidad de estas denuncias son sobreseídas porque se expulsa a los
denunciantes "sin respetar su derecho a la tutela judicial efectiva e impidiendo que se investiguen los malos tratos".
Los Centros de Internamiento de Extranjeros son instalaciones donde el
Estado español encierra a personas a la espera de ser expulsadas por
carecer de permiso de residencia aunque no hayan cometido ningún delito.
La falta administrativa en la que incurren es equivalente al impago de una multa de tráfico pero se les impone una sanción desproporcionada: privación de libertad y de muchos otros derechos fundamentales.
El colectivo denuncia, a través del informe, su existencia. "Resulta
abominable para cualquiera tener un CIE en la ciudad" explica Ana
Fornés, portavoz de esta organización que ha lanzadao la campaña por el
cierre de los CIE. Las deficiencias detectadas en el funcionamiento de
las instalaciones de Zapadores coinciden con las irregularidades
conocidas de otros centros del país.
El ingreso supone la exposición a unos factores de degradación física y psico-emocional que se acompaña de la negación y vulneración de derechos fundamentales. "La situación acaba por socavar su integridad moral",
expone Fornés. En Zapadores, según manifiestan en el informe, se les
somete a unas precarias condiciones de internamiento, carecen del
preceptivo de asistencia social y de cualquier tipo de actividad
recreativa o cultural, lo que aumenta el estado de ansiedad en el que se
encuentran los internos, al no comprender por qué están encerrados sin
haber cometido delito. Además de la falta de información sobre la
situación jurídica de los retenidos, dificultades para solicitar asilo o
contactar con alguna ONG,existencia de dos celdas de aislamiento sin
criterios reglamentados sobre su uso, visitas de familiares limitadas y
sin posibilidad de contacto físico, insuficiencia de productos de
higiene y vestuario, falta de regulación térmica en las duchas,
imposibilidad de usar el baño por la noche (esto les obliga a hacer sus
necesidades en la misma celda) y el sometimiento a la incertidumbre de
no conocer su destino (no se les avisa de la fecha de expulsión por lo
que se impide la despedida de seres queridos y la acogida en el lugar
que llegan).
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