La polémica por la selección de maestros interinos en Madrid y la
publicación de un informe sobre los fallos de los aspirantes en una
prueba reabre el debate sobre la calidad de la Educación Pública
¿Se trata de exigir más formación a los docentes o de crear mejores
condiciones en las aulas?
Un informe de la Comunidad de Madrid sobre los desastrosos resultados de una prueba
de aspirantes a maestros interinos de Primaria ha sembrado la duda
sobre el nivel de formación de los docentes y ha reabierto el debate
sobre la calidad de la escuela pública.
El gobierno de Ignacio González ha apostado por cambiar unilateralmente los criterios de selección,
mientras que los profesores aseguran sentirse difamados y critican lo
que llaman doble discurso oficial: hablar de perseguir la excelencia
mientras se recortan empleos y se empeoran las condiciones de trabajo en
las aulas. Las comunidades autónomas han reducido conjuntamente el
gasto en profesorado interino no universitario en cerca de 1.800
millones de euros entre 2009 y 2013. ¿Se puede apostar por una educación
de calidad y ahorrar a la vez? ¿La clave está en endurecer los
requisitos para ejercer como educadores?
Sobre este punto hay puntos
de encuentro incluso entre PP y PSOE. La consejera de Educación
madrileña, Lucía Figar, pidió públicamente al ministro José Ignacio Wert
que modificara la formación de los docentes porque tienen “lagunas
importantes”, pero antes Alfredo Pérez Rubalcaba ya había propuesto que los profesores pasaran obligatoriamente un MIR parecido al de los médicos.
Figar sostiene que la clave
está en "garantizar que los mejores lleguen a las aulas". Para ello, y
tras no llegar a un acuerdo en la mesa sectorial, acaba de establecer
por decreto una modificación en los baremos para acceder a los puestos
vacantes. A partir de ahora la nota del examen pesará un 80% en la
calificación final, y dejará la antigüedad y los méritos académicos en
un 15% y un 5%, respectivamente. Antes la proporción era de 36,1%, 46,8%
y 16,1%, respectivamente. Los sindicatos han rechazado de plano esta
decisión, y han anunciado acciones legales y movilizaciones. El martes
los interinos se reunirán para decidir si van a la huelga.
Pública versus concertada
"Buscan que la sociedad, los
alumnos y los padres estén contra los docentes", asegura Antonio
Martínez, presidente de Enseñanza en CSI-F Madrid. "La Consejería no
justificó este cambio con datos en ninguna de las reuniones que
mantuvimos. Y casualmente el día que lo anuncian presentan un informe,
sobre el que pesan serias dudas, en el que los docentes aparecen casi
como analfabetos", resume Isabel Galvín, secretaria general de la
Federación de Enseñanza de CCOO Madrid. "Es claramente una difamación
contra quienes sí pasan un examen para trabajar, algo que no ocurre en
la escuela privada y concertada", afirma.
La referencia al modelo
público versus privado-concertado tiene, al menos en Madrid, un
trasfondo de debate ideológico. Hace unos días, en un foro organizado
por un grupo cercano al Opus Dei, la expresidenta madrileña Esperanza
Aguirre aseguró que los resultados educativos en Madrid están "bastante
mejor que la media europea" porque "casi un 50% de los colegios de la
región son concertados".
Los sindicatos argumentan
que lo que persigue la Administración con dar menor valor a la
antigüedad en los concursos de acceso a las aulas es abaratar el gasto
en salarios, ya que se deja fuera a docentes con derecho a trienios y
sexenios. “Pero también se resta el aporte de la experiencia”, aseguran.
“Es falso que se persiga la excelencia. La reforma menosprecia los
méritos académicos y circunscribe la valía de un profesional a la nota
de un examen. Así los cursos, masters o carreras que pueda tener un
docente, o los idiomas que maneje, sólo suman medio punto”, explica
Galvín.
Errores inaceptables
"No estamos contra la
exigencia, todo lo contrario", esgrime Galvín, que reconoce que algunos
de los errores señalados en los exámenes, como los de ortografía, son
"inaceptables". Pero apunta a que es un problema general y no sólo del
sector. "Los profesores tienen errores de ortografía. ¿Y los
periodistas? ¿Y los médicos? ¿Y los políticos? Esto precisa de una
solución integral y profunda. No se arregla sacando de la ecuación a los
docentes con más experiencia", reflexiona.
"Quieren menos interinos y
poder elegirlos con los criterios que más les convengan en cada
momento", asegura Eduardo Sabina, de UGT. Una sospecha que complica aún
más la situación para miles de docentes, en un contexto en el que las
comunidades autónomas han reducido de media el gasto en interinos un
7,9%.
Según una estimación del
gabinete de estudios de la Federación de Enseñanza de CCOO, sólo en
Madrid se han perdido en los últimos cuatro años unos 6.000 puestos de
trabajo, lo que se traduce en más estudiantes por clase, maestros con
más horas en clase y menos preparando los temas, menos docentes
dedicados al apoyo a alumnos con dificultades o inmigrantes y también
menos profesores de especialidades como plástica o música.
Este "ajuste necesario" no va en
detrimento de la calidad de la Educación, según palabras del ministro
Wert. Los sindicatos sostienen lo contrario, y aseguran que se les
quiere hacer responsables de los problemas de la enseñanza. Ya está en
el Congreso el anteproyecto de la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), que la oposición rechaza de plano. Una vez tramitada, se
comenzará a analizar el estatuto docente. La polémica acaba de comenzar.
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